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La etica publica en el contexto dominicano

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Introducción: Las éticas publicas como éticas aplicadas.

 

Hablar de éticas públicas en el contexto del Estado Dominicano implica ubicarlas primero dentro del concepto de Estado. Su aparición moderna en el siglo XX en calidad de éticas aplicadas significó un salto cualitativo dentro del marco de la historia.

 El medioevo nos deja por herencia   una visión de estado divinizado, donde la razón eclesiástica era la norma y el secreto de estado y de iglesia las pautas, la arcana imperii  y la arcana  eclesiae marcaban el ritmo de la política que colocaba los saberes y secretos de manera exclusiva  en manos de los gobernantes.

 “La aparición del Estado en los albores del siglo XVI y su posterior fortalecimiento en los siglos subsiguientes rompen esta confusión entre misterios políticos y misterios religiosos. Los secretos del Estado dejan de ser fragmentos sueltos de información y saber y se convierten en partes articuladas de una racionalidad propia de la política de las nuevas realidades estatales” Zepeda (2004:18)

 Esta visión originaria del Estado tuvo su sello de emisión en la persona de Maquiavelo con su impronta de un Estado con intereses propios y orientados hacia la conquista o la preservación del poder. “En el horizonte de la razón de Estado, el fin siempre justifica los medios. Actos de los individuos como la traición, el engaño o el crimen pueden ser juzgados como malos o inmorales bajo esquemas éticos o religiosos, adquieren aceptación o incluso encomio si son puestos al servicio de la acción política. Por ejemplo todos los sistemas éticos razonables prohiben matar al prójimo, pero el político debe aprender a usar la guerra o el asesinato cuando la necesidad de Estado lo imponga” Zepeda: (2004:19)

 Bajo esta perspectiva heredamos una razón de Estado alejada de una propuesta etica en tanto posiciona en manos del soberano el poder y las herramientas contrarias a la moral si fueran necesarias  de usar con tal de conquistar o mantener el poder. El antiguo arcana imperii o secreto de Estado que del medioevo llego por vía de la iglesia y el reconocimiento del poder en Dios pasa a manos de los hombres absolutizando los poderes en el Soberano o mandatario. Ahora los secretos de Estado entran en la dinámica misma del control del poder.

 La razón de Estado y la razón Moral entran en contradicción por definición al declararse prioridad los intereses del Estado que caen bajo el manejo personal de los que mandan. Es una referencia obligada a la propuesta Platónica en la Republica de los que nacen para mandar y los que nacen para obedecer, con la diferencia de que la fundamentación ahora no es heterónoma-religiosa sino autónoma-secular.

 Empieza el distanciamiento de las propuestas morales, se centraliza el poder no solo en unas manos sino que se oficializan todas las formas negadoras de la etica al validar la mentira , la traición, el secreto como norma situando los argumentos estatales como el soporte de la razón de Estado.

 Estos antecedentes son el contrapeso historico que obstaculizan la concretización moderna para la construcción de un Estado de Derecho fundamentado en el imperio de la ley y consecuentemente en una fundamentacion de carácter moral negadora de los planteos provenientes de la edad media.

 Es en ese contexto que el Estado moderno, el dominicano se plantea el Estado de Derecho y que desde la perspectiva de esta ponencia pregunta por el fundamento ético a partir de una de las leyes ejes de la transparencia como lo es el acceso a la información publica.

 

Las éticas Públicas en Dominicana.

 Por largo tiempo nos hemos estado moviendo en una visión estrecha de lo ético y lo  moral  al querer situarla en el ámbito de la política, de lo publico y hemos extrapolado visiones individualistas de las mismas haciendo un reduccionismo que termina en  reconocer como tal a las conductas buenas o corteses de los servidores públicos.

 Sin lugar a dudas este ha sido un paso de avance significativo, ya que de una razón de Estado absolutista de los siglos XVI y  XVII que descartaba el pluralismo, con un fundamento Hobbesiano que lo justificaba  como argumento para evitar el caos, pasamos en nuestro contexto a liberalizar el pensamiento ético de lo publico atendiendo a la proposición de normas preestablecidas dirigidas a modelar comportamientos morales en la administración publica, aunque situada en las responsabilidades personales, mas bien referido al mundo relacional, al trato, al servicio al cliente.

 Con el surgimiento de las denominadas éticas aplicadas en la década de los 90  surge una nueva connotación de lo que hoy reconocemos como éticas públicas y que se define como una reflexión filosófica desde el ámbito de la moral de hechos realizados en el espacio de lo público o de lo privado. Parte de los hechos, de las situaciones de hecho para poder dimensionar su estatura moral.

 Una definición apropiada de la misma es aquella que nos señala: “Cuando se habla de ética pública se refiere sencillamente a la ética aplicada y puesta en práctica en los asuntos de gobierno. Es la ética aplicada en los servidores públicos, entendiendo por éstos aquéllas personas que ocupan un cargo público ya sea por elección, oposición u otra medio, y que tienen una responsabilidad ante el Estado. Dichas responsabilidades se traducen en actos concretos orientados hacía el interés común y/o de la ciudadanía. La ética pública se refiere entonces a los actos humanos en tanto que son realizados por gobernantes y funcionarios públicos en el cumplimiento del deber”  24-7-10. http://www.dilemata.net/index.php/Etica-publica-y-buen-gobierno/introducci-la-ica-pca.html.

 A partir de estos conceptos nos queda por definir cuales son esos “actos humanos” de gobernantes y gobernados, haciendo la salvedad de que debemos superar las visiones individualistas que sitúan el acto moral solamente en la persona (el servidor) descuidando la dinámica de las estructuras, el entrecruzamiento de intereses de los sectores públicos y privados, entre otros.

 Cuando la definición  se refiere a “el cumplimiento del deber” y “actos concretos orientados hacia el interés común”, nos da dos pautas valiosas porque vincula ahora lo personal con lo colectivo: el deber y el bien común, abriendo nuevas pistas a la argumentación moral de lo público

 Los estados han estado preocupados por moralizar sus estructuras o en otros casos por buscar sujetos morales que ocupen la administración publica, pero la queja sigue siendo la misma cuando al cabo del tiempo estos terminan corrompiéndose y sigue permaneciendo la duda de si no existen per se los sujetos morales o si las tentaciones de la estructura los pervierten. Ya esto lo hizo Diógenes  en Grecia al despreciar las bonanzas de la vida y cuestionar si existía la honestidad, tanto que empezó a deambular por las calles “buscando a hombres honestos” y concluyo diciendo que solo había encontrado escombros.

 Probablemente el abordaje ético todavía ha sido deficiente, ya que se ha tenido claro el objetivo pero no el método. Ha sido una constante intentar logros morales a partir de la predica continua para que los servidores hagan las cosas bien y la queja común de no lograrlo. Estas son las intenciones moralizantes.

La otra ha sido de considerar y clasificar a las personas en: serias (o morales) y su opuesto no-morales o inmorales, levantándose las banderas de nombres específicos a cargos determinados (ya paso en la década de los 70 cuando el pueblo  pedía que las monjas volvieran a administrar los hospitales “porque ellas no roban”). Vuelve a dimensionarse a predestinados.

 El otro instrumento que posteriormente predomino y fue otro avance fueron los mal llamados  códigos de etica del servidor  publico, mal  denominados, desde mi perspectiva, porque en realidad son mas bien códigos de estética ya que  se centraban en pautas de conducta que si bien admitimos que no son malos consejeros, también debemos afirmar que andan alejados de la promoción de la ética como la forjadora de hábitos y costumbres buenas en el ámbito de la construcción de la justicia, orientándose mas bien  hacia la conformación de comportamientos corteses y al desarrollo de modelos implantados en la categoría de servicio al cliente.

 Mas cercano a estos días  los códigos fueron integrados a la ley, como en nuestro caso en la ley de la función publica y entonces se liga lo moral con lo legal, de tal manera, que termina imponiendo sanciones por grados a quienes violen el régimen ético del servidor publico. La ética pasa de su escenario propositivo al punitivo .  Los códigos  son respuestas únicas a realidades múltiples. El paso de sociedades de código moral y social único a sociedades plurales quedan mal respondidas desde estos espacios ya que se superan las realidades dilemáticas y surgen las problemáticas o de cursos de acción múltiples.

 Los riesgos de estos desfases esta en que al continuar predicando dichos códigos se produzcan modelos de catequesis moral, tan moralizantes como las charlas de inducción al buen comportamiento ola búsqueda de servidores honestos.

 Siendo la realidad plural sus problemas lo son también y las respuestas desde códigos obligan a interpretaciones más administrativas que morales y a respuestas mas testamentarias que plurales lo que ha llevado a reducir la visión e idea de construir una moral publica

 Tenemos todas las piezas del rompecabezas pero dispersas en la común tarea de construir una moral de la administración publica que lleve a funcionarios buenos en estructuras justas y esto es tarea de las éticas publicas donde interactúan diversos sectores que dialogan entre si a través de las leyes, las normativas y las intenciones.

 Las leyes, las normativas y las intenciones: El método de la deliberación moral

 El Estado de Derecho propugna por el imperio de la ley y la etica publica porque la ley sea moral. Los códigos y las “personas serias” dialogan desde una moral dilematizada que genera situaciones antagónicas y eligen decisiones por mayoría o por convicción. Las realidades plurales exigen métodos nuevos como el de la deliberación moral en estructuras mas dialogantes y argumentativas como son las comisiones de ética publica, donde ley, norma e intención hacen un juego de argumentos entrecruzados ahora desde una razón de estado moderna fundamentados en el bien común, la ciudadanía y la búsqueda de la justicia, que hay que manejarla desde el interior del Estado y desde una perspectiva moral.

 “Siguiendo esta línea, el Liberalismo Político de Rawls aclarará que la razón pública lo es en un triple sentido: porque, como razón de ciudadanos iguales, es la razón del público; porque su objeto es el bien público y las cuestiones fundamentales de justicia, y porque su contenido es público, dado por los principios expresados por la concepción de justicia política. En las sociedades con democracia liberal son todos los ciudadanos los que deben participar en el proceso de deliberación pública, y no sólo los ilustrados. Pero esos ciudadanos, a la hora de aportar razones para apoyar sus posiciones, deben hacerlo únicamente con aquellas que puedan reforzar el consenso entrecruzado” 24-7-10. http://www.rieoei.org/rie29a02.htm

 Esa totalidad llamada a deliberar pueden quedar expresados en las comisiones de ética pública en la medida en que estas asumen un papel de vigilantes morales que dialogan sobre los valores que como mínimos han sido acordados por la sociedad plural. Por definición estas son instancias deliberativas que en el espacio público tienen en sus manos las tres variables identificadas por Rawls en el planteo anterior

 Con estas propuestas nos acercamos al ideal Kantiano de asumir aquello que es “lo que todos podrían querer” y en ese sentido generar un imaginario que ponga en el ámbito de lo publico lo que todos podrían querer y para ello tienen que elaborar una instrumentación de todos, es decir todos, tengan la posibilidad de decir de manera publica que es en efecto lo que quieren. Pero quienes serán los llamados a decirlo o desde cuales espacios deben decirlo? Obvio que no pueden ser las que brindaron los códigos o los regimenes ético-disciplinario, sino en espacios plurales como las comisiones de etica publica u otras instancias de iguales características.

 Nos hemos pasado mucho tiempo moralizando a las personas con códigos de buenas practicas pero hemos limitado las posibilidades de comprender la importancia de  un dialogo plural entre todos los afectados.

 Conversar con los afectados por la limitación de la energía eléctrica y las altas facturaciones será, por ejemplo, lo que permita el dialogo moral en la búsqueda colectiva de razones y de soluciones. Es el proceso deliberativo, no entre sabios y expertos en ética sino entre afectados que entenderán las razones publicas pero también las harán flexibles ante las posibilidades humanizando sus contenidos. Desde la buena intención de servidores probos no tiene entrada este dialogo ni desde la propuesta de códigos deontológico. Deliberar es airear los procesos identificando posibilidades, distintos cursos de acción que tengan una impronta moral.

 En el espacio del servicio publico que proviene desde la administración de lo publico es mas que claro que aquí deben articularse nuevos espacios deliberativos donde concerten un dialogo alrededor del eje de la justicia en la administración y en la asignación y distribución del gasto y de los recursos.

 

La etica publica en el contexto dominicano.

 Para que la etica encuentre un espacio en el contexto dominicano tiene que ser desde el modelo de las éticas aplicadas, para ello debe entenderse que ni los códigos ni las leyes pueden ser el asiento de las mismas. Lo legal tiene su espacio y lo moral el propio.

 Sin dudas tienen que tener una zona de convergencia, el dialogo entrecruzado para buscar los mínimos aprobados en términos sociales, según Rawls. La ley tiene que ser un reflejo moral del consenso público de un momento determinado y las instancias legislativas los sensores de alerta para adaptarlas, cambiarlas o modificarlas según las necesidades epocales, pero sin perder su esencia de moralidad que es en última instancia quien justifica su existencia.

 La propuesta tiene que venir desde la posibilidad de identificar las éticas aplicadas, la construcción de éticas publicas como aplicadas. Desde un modelo propio y “tropicalizado” de autoría local o regional, ya que propuestas deliberativas como las Rawlsianas donde implica que “todos” sin excepción deben participar no es posible en nuestro medio, lo que no impide que se refuercen los espacios de participación social para que los excluidos tengan voz propia a trabes de la representación, pero esto en este momento no es una realidad y la verdad es que grupos serios y honestos hablan por ellos pero no hablan ellos mismos. Es un reto para consolidar una verdadera sociedad civil con sello de identidad natural.

 La concretización de esa experiencia podría facilitar la construcción Kantiana de llevar a la práctica “lo que todos a podrían querer” pero la única forma de saberlo es cuando ellos mismos lo puedan decir y no cuando instrumentos lejanos a sus voces las expresen.

 No hay más alternativas que crear instancias propias de expresión que retomen los elementos posibles de las propuestas que nos traen los estudiosos de estos temas. Quizás las más cercanas son las presentadas por la maestra Adela Cortina con sus éticas de mínimos.

 Las éticas de mínimos colocan sobre la mesa el principio de la justicia como el plato principal. La justicia vista como “ajuste” a la norma, es decir estamos llamados a acercar propuestas a la norma y para ello hace falta que primero identifiquemos en la equidad aquello que probablemente es “lo que todos quieren”.

 Sentar valores mínimos con los cuales la sociedad seria capaz de operar. Unos mínimos que sean sustentados y aprobados sino por todos, por lo menos por las mayorías que puedan hablar con voz propia  y de forma directa, con las representadas por las fuerzas políticas, sociales, no gubernamentales,

 Esos sectores estarían llamados a identificar los mínimos y a negociarlos en nombre de la justicia, pero esto tiene que encontrar vías factibles de elaboración y sin lugar a dudas y en el caso que nos ocupa tendría que venir dado por el debate y acuerdos sobre la  transparencia y las leyes que le soporten, en especial la de libre acceso a la información.

 El profesor Enrique Quintana en su texto “Economía política de la transparencia” cita a Amartya Sen, premio Nóbel de economía en 1998 donde afirma “los hechos relevantes en la terrible historia social del mundo, es que ninguna verdadera hambruna se ha dado jamás en aquellos países con forma democrática de gobierno y/o con una oposición fuerte e influyente, y/o con acceso libre a la información, y/o prensa relativamente libre”: Quintana (2006: 15)

 Con esta contundente aseveración de  Amartya Sen deja muy claro el valor de la democracia, de la ley y su espíritu moral y en especial de la importancia de la libertad ciudadana de ejercer el derecho a saber, como base para la interpretación del funcionamiento interno del estado y la transparencia de sus acciones.

 El propio profesor Quintana pasa a reconocer que las hambrunas y las desigualdades extremas en la mayoría de los casos no ocurren por las quiebras fiscales ni, necesariamente, por los desaciertos del manejo de la economía sino por la centralización del poder en manos autocráticas que no permiten ver a la población lo que hacen, ni explican por que lo hacen ni aceptan ser cuestionados. Es la censura a la información y peor aun la negativa del derecho a saber. Se fundamenta en Amartya Sen para evaluar la inmoralidad de la no publicidad de los saberes del estado.

 Y por que una reflexión etica de la ley de acceso como paradigma de la transparencia?

La razón es clara, no podemos convertir la ley en una normativa estandarizada de informes, donde estén claras las reglas del juego, las leyes, las nominas y el gasto publico, rígidas, evaluables y validadas solo en virtud de su cumplimiento literal. Es una pieza clave de las éticas públicas en tanto etica aplicada.

 Es una ley que obliga no solo al sector publico sino también al privado que recibe fondos públicos colocando así actores principalísimos como los partidos políticos, algunas Ongs o empresas de capital mixto o sea que de alguna manera permite establecer el puente existente entre lo publico y lo privado y la potencialidad de trazar y evidenciar la pulcritud de sus interacciones o la opacidad de sus operaciones.

 Con razón se identifica a esta ley como la ley de la transparencia, pero podemos hacer de ella un instrumento de la etica pública o un adefesio en la administración publica dependiendo de que la argumentemos y apliquemos desde la intención legal o desde su estructura moral

La intención legal. Esta nos es servida por una ley, un reglamento y una guía. Es medible y cuantificable en cuanto tenga apego a las informaciones de oficio, a los estándares establecidos por la norma y la exigencia y desarrollo de instrumentos de aplicación. Eso es bueno y aspiramos a que se cumpla. Esto es bueno y trabajamos y monitoreamos para que se cumpla.

 Su estructura moral. Esta la presenta como etica aplicada, como etica publica donde su mayor valor no esta reconocida por el numero de instituciones que la cumplen sino mas bien por los valores mínimos (etica de mínimos) que se pueden identificar y cumplir como requisito para el encuentro del mundo publico y el privado dentro del Estado.

 Una ley donde solo los gobiernos se abran a la claridad en el ejercicio del cumplimiento de normas no deja traslucir toda la transparencia posible pues solo se ve el manejo dentro del mismo gobierno pero no así sus relaciones con el mundo privado.  La ley per se no dice nada si solo expresa de manera puntual y particular las acciones individuales de una entidad, ella adquiere su verdadera dimensión  cuando en  conjunto permite ver la interacción de las intenciones, la voluntad política y las normativas para lograrlo.

 Es un acertijo, veamos, cuando el sector privado se convierte en oferente para brindar servicios o vender bienes a los gobiernos, se exige que este ultimo haga publico a través de la web y los medios de publicidad dichas ofertas, con ello estará diciendo que los oferentes cumplen con los requisitos legales, que tienen sus impuestos al día, que se ha cumplido con la ley de compras y contrataciones, pero al hacerlo publico se ha cumplido con la ley de acceso a la información.

 Desde la ley se dialoga de manera transparente con la ciudadanía y desde las comisiones de etica se valora el grado de cumplimiento de los mínimos propuestos entre las partes que representan a todos. Esta es la línea de acción emprendida por el gobierno dominicano, donde los propios responsables de acceso a la información, los encargados de compras y contrataciones, actores principalísimos de la acción transparente son parte fundamental de las comisiones de etica publica, intermediarios del dialogo plural entre ciudadanía y gobierno.

 (ESTE TRABAJO FUE EXPUESTO POR EL DR MIGUEL SUAZO EN EL XV CONGRESO CLAD CELEBRADO EN SANTO DOMINGO)

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