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ETICA PUBLICA Y PREVENCION DE LA CORRUPCION

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ETICA PUBLICA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Dr. Miguel Suazo (*) La historia de nuestros países latinoamericanos ha estado cargada de contradicciones en el campo moral, ya que mientras la idiosincrasia de los pueblos los define con una vocación fundamentada en valores y principios, donde la familia, la escuela y las religiones son denominadores comunes de sus activos, entra como un polo negativo y destructivo el virus de la corrupción. Corrupción que no es solo en el orden de lo económico sino que pasa por distintos ejes como perversión de lo bueno, alterando las normas de lo establecido. El estado ha sido un escenario privilegiado para estos desfases, ya que no ha tenido dolientes que se identifiquen con su causa colectiva. No es necesario poner ejemplos que podrían ir desde la llegada de los españoles a la isla hasta nuestros días En el fondo, hemos estado contrastando ética, moral y corrupción sin tener que llamarles por esos nombres. Alguien dijo que cuando se hace un llamado recordando la moralidad de las cosas, que cuando hay que normar sobre comportamientos éticos es porque hay necesidad de ello y porque se han estado vulnerando estos principios en la forma de comportarse la gente. Para poder controlarnos como especie humana la sociedad ha tenido que normar, acordar, confiar, pero tampoco ello fue suficiente para controlar y hubo que legislar y penalizar al que no cumple con los mandatos de los estamentos a los que les damos el poder para hacerlo. La corrupción, que es el tema que nos convoca, ha tenido que darse sus propias leyes para poder enfrentarla y aún así se le mancilla. En nombre de la moral como estandarte no ha sido posible detenerla. El propio Balaguer, en un intento de escaparse de la maledicencia que le pudiera vincular a ella, la admitió en su propio gobierno pero se excluyó al considerar que la misma se detenía en la puerta de su despacho. Quizás es una condición del ser humano en su falibilidad, el ser tentado y caer ante el brillo de las ofertas materiales que prometen cambiar a estilos de buena vida lo que la moral recomienda como estilos de vida buena. En nuestro país el Departamento de Prevención Contra la Corrupción ha sido una de las instancias que ha tenido el rol legal para sancionar y conducir a la justicia a quienes delinquen en este apartado. La intención es necesaria y buena, creo que se empieza a debilitar cuando confunde en sus implicaciones a lo moral con lo legal y así aparece normando pautas éticas y castigando su incumplimiento con la ley 120-01 que instituye el Código de Etica del Servidor Público. Ya lo hizo antes en el decreto 149-98 cuando basándose en el dato de que”la corrupción administrativa es mal que socava la integridad moral del pueblo dominicano, así como sus posibilidades de desarrollo económico y social” ordena la creación de una comisión de ética pública en cada una de las instancias gubernamentales, les asigna tareas de prevención y capacitación, lo cual es sumamente importante, pero vuelve a caer en el error de vincular lo propositivo con lo punitivo, pervirtiendo el sentido de la ética. La ética nace con los griegos, es el “ethos”, las costumbres que se adquieren en la sociedad con un sentido bueno de hacer las cosas, la segunda naturaleza, la que no se hereda sino que se consigue, la que se enseña a través de estrategias axiológicas para modificar los comportamientos hacia el bien hacer. No es punitiva, es propositiva, no es exclusividad de “señores y señoras serias, importantes, relevantes”, ellos pudieran ser ejemplos en la sociedad pero de ninguna manera el paradigma de lo ético, porque pondría en sus manos la exclusividad ética y descartaría que el resto la asumiéramos como conducta propia. En el caso del código de ética su formulación es correcta. Es un código deontológico, es decir, fundamentado en la ética del deber, contempla medidas disciplinarias ante su incumplimiento, como lo hace todo código deontológico. Lo incorrecto, creo, es poner su ejecución y control en manos de una instancia punitiva porque trasloca los ámbitos de la ética y la justicia. La justicia es un principio de la ética, es parte del principialismo de la Bioética, sustentados por Beauchamps y Childress. Más todavía, Diego Gracia nos dice que el principio de Justicia y de No Maleficencia son principios normativos del espacio de lo público y allí cae el servidor público, sea el presidente o sea un obrero del ornato de la ciudad. Los códigos recuerdan el deber, exigen que se cumplan, establecen medidas disciplinarias para faltas de carácter laboral y las que desbordan el bien común pasan al ámbito de la justicia y su parafernalia. La ética es propositiva, no punitiva, la moral pasa por el comportamiento y el ejercicio de las acciones señalando, “el como hacerlo bien” no importa que sea en lo público o en lo privado. La ética es una, no es ni pública ni privada, es ética. Este código que por demás está muy bien redactado, que sugiere promoción del bien hacer a través de charlas, conferencias, y que luego se le añaden los llamados “comités de ética publica” enfoca de manera correcta el campo de la ética, lo que está es mal ubicado Hay una corriente que vincula a lo legal y lo moral convirtiendo en punitiva a esta última y pervirtiendo sus intenciones . Acepto que existe como corriente pero disiento y proclamo que es un error. La ética no debe vincularse con el campo de castigo que es propio de la justicia, ya que es propositiva, y quien burla el espíritu ético de la ley ésta lo sanciona a través de la justicia, tal es el caso de la corrupción. La ética nos dirá como hacerlo bien y la ley nos exigirá hacerlo, pero en espacios separados. La ética es una disciplina que tiene un instrumental para manejarse en base a valores y principios . Hay en este espacio un mandato moral de no hacer daño, es la No Maleficencia que es un principio ético y quien la vulnera en magnitud tal que lesione los postulados de la ley, debe ser tramitado a la justicia. Es una lamentable confusión a la que ya antes habíamos hecho un llamado cuando en la conformación de la Comisión Nacional de Bioética en Salud (Conabios), órgano perteneciente al ministerio de salud, se le ha visto involucrado en la dimensión judicial de hechos no coincidentes con la ética. Su tarea acaba donde inicia el de la justicia, son dos órganos tan cercanos en su esencia, que tienen que separarse en su ejecución. La Bioética se fundamenta en principios y valores, tiene sus normativas, sus herramientas, tiene un método de análisis para conducir a una toma de decisiones morales, donde prevalezcan principios como la autonomía, la justicia, la beneficencia y la No Maleficencia. Tiene sus espacios de acción, desde las éticas deliberativas, que son morales, no legales, que son conducentes, a las decisiones morales, no a las que impone la ley a través del castigo, sino de la disciplina, en el caso de las deontológicas o del deber. LA COMISION DE ÉTICA PUBLICA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Ante ese fenómeno descrito y no exclusivo de nuestro país, volvemos a caer en el abismo, cuando la semana pasada el ejecutivo nombra una comisión de personas de reconocida solvencia moral (notables), para que desde una instancia punitiva haga valer los principios de la ética, es la Comisión de Ética Pública y Prevención de la Corrupción. En la maestría en Bioética que desarrolla el Intec, con unos 20 profesionales de distintas áreas, hemos estado preparándoles para ser consultores y asesores en materia de ética, incluyendo llamada ética pública y mientras cooperábamos como Centro de Bioética o como Comisión Nacional de Bioética en una propuesta estatal para hacer un desarrollo moral del ejercicio de la ética del servidor público, a la par se promulga un decreto con una comisión de Ética Pública y anticorrupción que obvia los esfuerzos anteriores y vuelve a mezclar lo antes señalado. Pone en manos de gente buena las tareas de vigilancia, de promoción y de castigo a las malas acciones denominadas de corrupción. Se ignora el decreto 751-03 que colocó en rango de asesor o consultivo del poder ejecutivo en materia de ética a la Comisión Nacional de Bioética (organismo privado y sin fines de lucro). Esta Comisión estaba de motu propio haciendo esa labor en una comisión que encaminaba una propuesta ética para el ejercicio del servicio público. En un proceso de modernización del estado la ética tiene que ser modernizada como eje transversal del ejercicio moral de los servidores, de las políticas y de los usuarios y a esa responsabilidad el estado no puede negarse, ni lo ha hecho, la ha confundido y puede aún repararse el daño en búsqueda de resultados buenos. El país cuenta con esa Comisión externa y ajena a los gobiernos de turno que ha prevalecido desde el 1990 sobrevolando a 5 gobiernos de distintas banderías, lo cual no quita el legítimo derecho de esos gobiernos de tener sus instancias de ética como lo hace cuando nombra el Conabios o cuando se crea la Comisión de Ética Pública y Anticorrupción. Lo que cuestionamos de nuevo es la confusión de roles que pervierte a la ética y la adosa a un estatuto que no le corresponde. Esperamos que la nueva generación de bioeticistas que saldrá de las aulas después de dos años de estudio de la ética, sean los pilares que apuntalen el contenido teórico para la instauración de los preceptos éticos en los distintos escenarios del quehacer público y privado. Reiteramos a nombre de la Comisión Nacional de Bioética nuestro papel de colaborador del estado, al que pertenecemos, para hacer causa común no solo por lo buenamente hecho, para que lo que se haga esté bien hecho. Dos ejemplos para terminar. A pesar de considerar dos errores de conceptualización los casos antes señalados, hemos asistido a estrado con el Conabios y hemos aceptado participar como auditores en el proceso en que están embarcados, apoyándoles y señalándoles que no le corresponde la tarea judicial que han iniciado. Segundo hemos participado como colaboradores externos durante 5 meses en la creación de espacios éticos para el servidor público a pesar de que se ha vuelto a incurrir en el error de establecer por decreto procesos paralelos, excluyentes y contradictorios a lo que entendemos correcto. Una Comisión Nacional de Bioética externa tiene una responsabilidad educativa, entre otras, para señalar a las autoridades lo que por su experticio propio considera debe hacerse correctamente. No renunciamos, no protestamos, reiteramos nuestra vocación de asesores de la vida buena (*) El autor es Bioeticista egresado de la Universidad de Chile. Presidente de la Comisión Nacional de Bioética y director del Centro Intec de Bioética y su maestría en Bioética.

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