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Sobre Gobierno Abierto en la República Dominicana

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El gobierno Dominicano ha tenido una importanteparticipación en el tema de Gobierno Abierto desde el principio de esta iniciativa a nivel internacional, siendo uno de los primeros en proponerse y ser aceptado en dicho mecanismo, en función de llenar los requisitos mínimosde compromiso con los principios de gobierno abierto exigidos por los convocantes.
Estamos ante un eventode trascendencia para el país ya que nos incorporamos a esta propuesta desde 2011 siendo aprobados por tener constancia de que los mínimos de transparencia exigidos lo teníamos implementados. De 8 países fundadores hoy estamos incluidos en los 63 participantes.
La Alianza para Gobierno Abierto (AGA) marcó4 grandes objetivos que son recogidos en la Declaración de Gobierno Abierto asumida por los miembros donde requieren que sus gobiernos rindan cuenta, que sean más abiertos y que mejoren su capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos, los cuales tradujeron en: transparencia fiscal, acceso a la información, declaraciones patrimoniales y participación ciudadana.
Es un claro propósito de acercar la población al gobierno a través de propuestas de acción que propicien el bien común a través de actividades.
El modelo se ha ido desarrollando a nivel mundial. Para la República Dominicana la DIGEIG quedó como responsable gubernamental de la implementación del mismo (decreto 486-12) y por parte de la Alianza para el monitoreo del cumplimiento existe el Mecanismo de Reportes Independientes (IRM)que evalúa la implementación de los compromisos de los gobiernos participantes y sus planes de acción nacional. En nuestro país ese evaluador de IRM es el licenciado Carlos Pimentel Director del Área de Transparencia y Gobierno de la organización Participación Ciudadana.
Recientemente el periódico “Hoy” reprodujo declaraciones y opiniones del Licenciado Pimentel respecto al primer Plan Nacional Dominicano, emitiendo juicios que a nuestro entender son medias verdades que sin ser explicadas y contextualizadas se pueden convertir en mentiras.
A decir del Licenciado Pimentel esta iniciativa de Gobierno Abierto:
a) Es desconocida
b) Su primer Plan Nacional fue elaborado por el gobierno dominicano (por el Ministerio de la Presidencia) sin la participación de organizaciones no gubernamentales, ni medios de comunicación, ni el sector empresarial.
El contexto en que esto se desarrolla tiene otras explicaciones. Mientras la iniciativa nace entre 8 países en septiembre 2011, nuestro país solicita su ingreso en octubre 2011 y una vez aceptados se solicitó al país la presentación de un Plan Nacional elaborado con la participación de la sociedad civil.
En el periodo 2010-febrero 2012 estaba en curso en el país la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC), modelo propio y único en esa modalidad en la que las organizaciones de la Sociedad Civil, empresas, academias, etc. y gobierno acordaron abrir durante 18 meses 10 mesas con los temas demandados o cuestionados por esas instituciones y a la fecha sometida con vocación de ley y como parte de la propuesta del Primer Plan Nacional de Gobierno Abierto
La tarea consistió en presentar las demandas, validarlas y responderlas por parte del gobierno.
Dada la importancia de la iniciativa, su manifiesta expresión de modelo de “Gobierno Abierto” la misma fue acogida como Plan Nacional del Gobierno Dominicano. Evidente era que tenía la participación y Monitoreo de una coalición de Organizaciones de Sociedad Civil y unas estadísticas que indicaban que 20 de las 30 recomendaciones habían sido cumplidas y el resto estaban en implementación o no habían sido realizadas.
Se entendió una magnífica oportunidad para extender esta modalidad de gobierno abierto en el Plan Nacional sometiéndolo a la Alianza de Gobierno Abierto.
Participación Ciudadana era parte central de las instituciones de sociedad civil que coordinaban esta iniciativa, de donde el representante ahora del IRM es funcionario y testigo del proceso descrito, por eso planteamos que es una verdad a medias.
A medias porque no se hizo una reunión especial para hacer el Plan Nacional pero se llenaron los requisitos a partir de una experiencia compartida entre gobierno y sociedad civil, la más idónea de todas, la del IPAC.
Sus criticas y visos de “ilegalidad” de la elaboración del Plan nacional tiene sesgos propios de las posiciones políticas levantadas por su organización y ello compromete la requerida imparcialidad que conlleva ser el representante (IRM) para evaluar, monitorear y exigir cumplimiento del gobierno dominicano ante la AGA.
La misma publicación cuestiona la segunda convocatoria para el próximo Plan Nacional, este proceso se abrió pero ahora se acusa de “no haber la suficiente difusión”. Se realizó una primera convocatoria, estamos trabajando en convocatorias regionales en el nivel nacional y estamos dando respuesta para que “cualquier ciudadano de a pies pueda incidir” tal como dijo el Licenciado Pimentel.
Aquí con su observación, que compartimos, abre el Sr. Pimentel un interesantísimo punto de debate, que es definir no que es la sociedad civil, sino quienes la representan y quienes están llamados a darle su representatividad como “ciudadano de a pies”, porque todo da a entender que algunas de esas ONG se abrogan con énfasis ese derecho de exclusividad
FrancoisHoutart tiene un trabajo muy bueno sobre la sociedad civil y una formidable clasificación en “Burguesa, Angelical y la de los de abajo” pero obvia a nuestro entender la Sociedad Civil Corporativizada, es decir aquella que se dice negar a ser parte de la burguesa, encuentra muy benefícente a la angelical para coincidir con sus intereses y se proclama representante de la de los de abajo sin tomarlos en cuenta para representarlos.
Más aún se abre una nueva brecha de debate si visualizamos que quien representa el IRM aunque ganara el puesto en buena lid, por concurso, tiene el sesgo y el historial político de representar a los intereses corporativos de una organización de la llamada Sociedad Civil.
Sin lugar a dudas, las exigencias de la AGA (OGP sus siglas en ingles) no son desconocidas ni para el gobierno ni para la DIGEIG que es su coordinadora oficial. La validez de que las ONG de pueblos y campos, las de las ciudades orientadas a educación, salud, agua, control, tecnología también estén presentes y las estamos convocando
El primer aporte que necesita la democracia representativa es que la podamos hacerdeliberativa pero con los actores autorizados, de no seguiremos siendo condicionados por intereses particulares.
Por estas razones no podemos permitir que en nombre de la sociedad civil se siga haciendo opinión publica tendenciada, que se desdiga del papel del IRM que por definición es un medio de garantía de que los procesos se cumplan y para ello hacer recomendaciones técnicas y evalúa el proceso de consulta. Remite a los coordinadores sus sugerencias y desacuerdos para que se corrijan en caso de que sean ciertas pero jamás para poner versiones unilaterales en los medios de comunicación. El IRM recoge informaciones e insumos de la sociedad civil y del gobierno lo cual debería hacer por vías científicas de recolección.
Su objetivo es viabilizar el cumplimiento y no politizar su intervención.

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